Pacientes renales bloquean vía Babahoyo-Jujan por falta de pago del Estado

Más de un centenar de pacientes renales y sus familiares bloquearon la vía Babahoyo–Jujan, en la provincia de Los Ríos, durante la mañana del lunes 1 de septiembre de 2025. La medida de presión buscaba presionar al Ministerio de Salud Pública (MSP) y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para saldar las obligaciones económicas con los centros de atención ubicados en Babahoyo, Vinces, Ventanas y Quevedo, que brindan tratamiento a más de 1.100 pacientes con insuficiencia renal crónica.

Los manifestantes, quienes portaban consignas como “queremos vivir” y “no somos delincuentes, somos pacientes”, mantuvieron el cierre por varias horas, generando congestión vehicular en uno de los principales ejes viales de la región. La protesta responde al incumplimiento del Gobierno en el pago de deudas a clínicas privadas de diálisis, una situación que ha puesto en riesgo la continuidad de las terapias vitales para la supervivencia de quienes dependen de este tratamiento tres veces por semana.

Según el Frente Nacional de Pacientes Renales, la deuda acumulada supera los 300 millones de dólares a nivel nacional. En algunos casos, las clínicas han reducido el tiempo de tratamiento o suspendido sesiones por falta de insumos, obligando a los pacientes a cubrir costos que pueden superar los 1.400 dólares mensuales. La Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador estima que la deuda estatal rondaba los 200 millones de dólares hasta abril de 2025, agravada por la reducción del presupuesto sanitario y la ineficiencia en la ejecución de recursos, según informamos en GAD de Jujan reafirma su compromiso con el servicio público bajo lema 'Estamos para Servirte'.

A pesar de que el IESS ha pagado más de 65 millones este año y el MSP ha emitido bonos de deuda, las clínicas se ven obligadas a revenderlos para obtener liquidez, lo que ha generado una cadena de desabastecimiento. El Gobierno ha propuesto reducir la tarifa mensual por paciente de 1.456 a 1.100 dólares, cifra rechazada por los prestadores de servicios quienes advierten que el monto no cubre los costos reales de atención, análisis y medicamentos.